El Estado compra barato los medicamentos, porque lo hace en grandes cantidades. Las farmacias municipales nacieron con el objetivo de vender más barato que en el mercado tradicional del retail farmacéutico, aprovechando la ventaja estatal.
El modelo ya cumplió seis meses desde la apertura del primer local, en Recoleta, y suma alrededor de 15 locales autorizados y funcionando en distintas regiones del país.
A partir de este hito, un sondeo realizado por «El Mercurio» a los precios de una canasta de medicamentos muestra diferencias en los valores ofrecidos por estos locales, dependiendo de la comuna, que pueden llegar hasta cinco veces.
Así ocurre con el levotiroxina (principio activo del medicamento para la tiroides, Eutirox) de 100 mg, que cuesta $630 en Recoleta, $1.735 en Providencia, $1.880 en San Joaquín y $3.320 en Huechuraba, según informan las propias municipalidades.
Esto implica una diferencia de 526%, o sea, por el precio del medicamento más caro se pueden comprar hasta seis cajas del más barato. En Salcobrand, el producto con la misma presentación aparece con un precio de $2.890.
Problema de precio
Una situación similar ocurre con el escitalopram (un antidepresivo). En la farmacia de Rengo cuesta $2.100; en la de Providencia, $4.570; en la de San Joaquín, $4.641, y en la de Huechuraba, $5.950. Es decir, una variación de 283% o casi tres veces de diferencia entre el más económico y el más oneroso.
¿Los laboratorios venden a un precio diferenciado a los municipios? Esa fue la denuncia que hace algunas semanas hicieron algunos alcaldes que cuentan con estos locales, lo que fue descartado de plano por la industria.
Sin embargo, la directora de Salud de la Municipalidad de Providencia, Javiera Corbalán, explica que, «hasta el momento, 10 de los 300 fármacos (de nuestra canasta) han presentado problemas en relación a los precios. Sin embargo, después de la reunión con el Instituto de Salud Pública (el lunes pasado), los laboratorios están llanos a renegociar».
Desde fuentes gubernamentales plantearon que las farmacias comunales no pueden cobrar nada más que el precio de costo, pues si lo hicieran estarían incurriendo en una ilegalidad. Considerando esto, exponen que las diferencias se deben, principalmente, a cuántas unidades compre cada municipio a los laboratorios.
«Se suponía que era Cenabast la vía para hacer una compra agregada, y eso no está ocurriendo», advierte el ex presidente del Colegio Médico y experto en el área farmacéutica Pablo Rodríguez, quien añade que «la autoridad debe intervenir, porque podría afectarse el éxito de esta buena política».
Transparencia
Para Rodríguez, es fundamental que se asegure que en el modelo de farmacia comunal «haya transparencia y que, de esa manera, las comunas se puedan asegurar una buena provisión, porque lo conocido hasta ahora es que, efectivamente, hay diferencias, se les está vendiendo a precios más altos».
Uno de los puntos a considerar en este sentido es que de las cerca de 15 comunas que cuentan con su farmacia, solo 10 tienen firmado un convenio para que la Cenabast les intermedie medicamentos. Es decir, las cinco que no lo tienen han debido salir a comprar tal como lo hacen las farmacias independientes, sin mayores ventajas en cuanto al precio.
Así lo plantea el director de la Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Pablo Venegas, quien expone que «esas demandas las sumamos a las licitaciones corrientes que estamos haciendo para 130 hospitales y 530 consultorios. Por lo tanto, la capacidad negociadora es alta cuando se actúa vía Cenabast».
Sin embargo, reconoce que aún una farmacia comunal no podría comprar toda su demanda por esta vía. Por ello, explica que «estamos evaluando incorporar una canasta orientada a la farmacia comunal», de acuerdo con la demanda que las comunas planteen durante estos primeros meses de funcionamiento.
Aquellos municipios que no tienen convenios de intermediación deben comprar por su propia cuenta. «Y eso es evidentemente más caro», dice Jaime Espina, subdirector de operaciones de Cenabast.
Fuente: El Mercurio