Ernesto Evans E. Asociación de Mutuales de Chile
La seguridad social es un derecho fundamental, pero muchas personas la desconocen. Un estudio de Ciedess (2015) concluye que Carabineros es la entidad que más se asoció al concepto. Esto significa que no relacionamos la seguridad social a la protección de la sociedad hacia uno y nuestras familias.
Resultados de la comisión Bravo (pensiones y AFP), de la comisión Cid (salud privada e Isapres), encuestas y marchas ciudadanas (No+AFP) reflejan que la institucionalidad tiene un gran problema. Desde una perspectiva contractualista y, tal como lo hiciera Franklin D. Roosevelt en EE.UU., guardando las proporciones, urge un New Deal, el que en su momento consagró el Social Security Act, y sentó las bases de su desarrollo moderno post depresión del 29.
El lucro es legítimo, pero al hablar de seguridad social parece convidado de piedra. Instituciones de seguridad social están para protegernos, para apoyarnos en la vejez, cuando enfermamos, quedamos sin trabajo o sufrimos un accidente que diezma nuestras capacidades. No para hacer negocios.
El principio de universalidad dice que todas las personas de una colectividad, de una nación, deben beneficiarse del sistema, sin exclusiones, sin importar edad, si somos asalariados o no, sin interesar más nada que el hecho de ser.
¿Es así en Chile? El principio de la solidaridad, que complementa al anterior, dice que toda la población —sobre todo los que más tienen— contribuirá al financiamiento de esta protección universal, con ayuda de los jóvenes a los ancianos, de quienes pueden trabajar a los que no, de los sanos a los enfermos.
No busco exacerbar aún más el poderío del Leviatán estatal. Hay un consenso generalizado que los privados, los cuerpos intermedios, pueden cumplir funciones siendo más eficientes que el Estado. El problema es que con ellos aflora el fantasma del lucro, y ya vimos los ripios que surgen cuando éste se relaciona con la seguridad social.
¿Qué hacer, entonces? La respuesta reluce como unívoca: que sean instituciones privadas sin fines de lucro las que garanticen la seguridad social, en todas sus dimensiones, autónomas y que no dependan de los vaivenes políticos, sino que la semilla se plante en el terreno fértil del largo plazo. Instituciones que sólo se dediquen a cumplir su rol social y que acaben con la desconfianza ciudadana que hoy las amenaza.